Una Constituyente para la Paz

Rueda de prensa, La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, junio 21 de
2013

La Constituyente que hoy proponen las FARC-EP emerge desde la más profunda
raigambre insurgente de sus fundadores, de la avanzada concepción política
y visión estratégica de Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. Ellos la
concibieron democrática y popular. Esto quiere decir, que su composición
debiera ser convenida, y no derivada exclusivamente del marco del actual
sistema electoral, una institucionalidad cuestionada y sin prestigio,de tal
manera que garantice la efectiva participación de todos los sectores
sociales del país. De ahí su innovadora idea de que la elección de sus
integrantes se realizara en eventos democráticos internos de las
organizaciones sociales, políticas y gremiales, asegurando que las gentes
del común, los obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, afros, las
mujeres, la Colombia excluida, puedan aportar a la construcción de una la
ley fundamental que garantice la paz a futuro sobre bases de justicia
social, democracia y soberanía. No puede ser democrática una elección, si
solamente resultan elegidos los que tienen grandes fortunas para financiar
sus millonarias campañas. Surge entonces la Constituyente como una
necesidad que el pueblo tiene de lograr una verdadera participación en la
definición de los destinos del país; consecuentemente, sería la concreción
de un derecho síntesis, como lo es el derecho a la paz, sin el cual ningún
otro es realizable a cabalidad.

A la solución definitiva de 60 años de guerra se le debe una Constituyente.
Es un imperativo originadoen la urgencia de la paz.

Una iniciativa con este propósito altruista, superior, tiene una diferencia
abismal con la pretendida por Uribe. Mientras éste la promueve como
esperanza de blindaje jurídico asustado por los fantasmas de Videla, Ríos
Montt y Fujimory, la que proponemos busca sentar las bases para la paz,
como nuevo contrato social legitimado por el poder constituyente, el pueblo
soberano, la voluntad nacional que prevalece sobre toda jurisdicción. No
está subordinada a poderes constituidos, dóciles a la voluntad de los
imperios y de las élites locales.

De forma ordinaria la convocatoria está en manos del Congreso de la
República. Según la Constitución, esta instancia define la competencia, el
período y la composición. Pero, naturalmente, un rumbo de este tipo sólo
puede tomarse a partir de un gran acuerdo de sectores políticos, sociales y
gremiales, que con grandeza decidan anteponer sus intereses particulares o
de grupo en pro del interés social yla reconciliación nacional.

Elejecutivo y el poderlegislativo deben dejar la prevención -si es que
realmente existe- frente a la propuesta del aplazamiento por un año del
calendario electoral. Lo que se busca es darle tiempo al proceso de paz y
colocar este fuera del alcance de los agites electorales, así como generar
el espacio para que la augusta Asamblea Nacional Constituyente al cabo de
sus sesiones nos entregue de sus manos una paz pura que permita trabajar
colectivamente por la igualdad, la democracia y la justicia social.

Y si el gobierno, de verdad quisiera emplearse a fondo en la solución
definitiva a esta confrontación que desangra al país, no dudaría en admitir
los mecanismos que hemos propuesto para que todo el establecimiento se
vincule sin reticencias a la edificación de la paz.

Hemos planteado una iniciativa en la que nadie sea perdedor, y en la que
todos podamos aportar a la elaboración de un tratado de paz para la
historia. Debe haber una sola presea y un solo triunfador: la paz con
justicia social para el pueblo.

La Asamblea Nacional Constituyente debe ser más que un mecanismo
refrendatario; es el escenario ideal para la construcción de la paz. Ella
debe dar prelación al Acuerdo de La Habana y dirimir los desencuentros, los
disensos de la mesa, y unir sus propias elaboraciones al sentimiento
nacional que de origen a una nueva institucionalidad que garantice una
larga era de paz.

Inicialmente podríamos decir que con urgencia el país debe resolver
problemas profundos que tienen que ver con la soberanía, la desigualdad, la
democracia…, o asuntos como la reforma a la justicia, a la salud, a la
educación, al sistema electoral. Debe establecer un estatuto para la
oposición, preservar el interés nacional frente a la depredación
minero-energética, la extranjerización de la tierra y proteger la industria
nacional. La Constituyente intervendría los organismos de control,
generaría una reforma política profunda, sentaría las bases para la
democratización del acceso y uso a los medios de comunicación, establecería
la doble instancia para los congresistas, ampliaría a cinco años el periodo
presidencial, sin reelección. Se ocuparía de materializar por fin un
adecuado ordenamiento territorial y establecería nuevos parámetros para
convenir el presupuesto militar para una época de post conflicto.

La descentralización política y administrativa, el derecho a la tutela, un
régimen fiscal que garantice la inversión social, así como una doctrina
militar patriótica que erradique la teoría del “enemigo interno” e integre
una institución policial desmilitarizada, deben hacer parte fundamental del
espíritu del nuevo ordenamiento constitucional.

Hemos pensado también en la creación de las figuras del Ombudsman de la
Naturaleza para que apoyado en un marco jurídico defienda nuestras riquezas
y el medio ambiente que pertenece a todos, y la del Ombudsman de la Paz que
se encargue de velar por el cumplimiento de los acuerdos y la preservación
de la armonía nacional.

La reparación integral a las víctimas del conflicto debe ser preocupación
de primer orden de la Constituyente.

No se trata de una refundación del Estado como sugieren algunos para
descalificar la iniciativa, pero sí requiere el país de una
reestructuración urgente de sus necrosadas instituciones.

*DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP*

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